La legislación provida previene el aborto principalmente previniendo el embarazo no planeado.

[This article is a Spanish translation of “Pro-life laws prevent abortion primarily by preventing unplanned pregnancy.” courtesy of volunteer Pablo Mestrovic. If you’re interested in volunteering to translate our content, please complete our volunteer survey.]

Esta publicación fue escrita originalmente por Conner Alford.

Dentro del debate más general sobre el aborto en nuestra sociedad, dos argumentos particulares en favor del aborto legal han ocupado una gran parte de la atención de los activistas y líderes políticos por igual. El primero y más fuerte de esos argumentos postula que las restricciones legales hacen al aborto más peligroso pero no lo hacen menos común. La lógica subyacente es que las políticas provida simplemente reemplazan los abortos legales y seguros con un número igual de abortos peligrosos, ilegales y autoinducidos o “del callejón trasero”¹ (AGI 1999, 2009). En otras palabras, si una mujer está embarazada y no quiere estarlo, no va a considerar la legalidad de sus acciones o los riesgos para su salud cuando decide si abortar o no. Cualquier mujer que quiere hacerse un aborto, legal y seguro también está dispuesta a hacerse uno ilegal e inseguro.  Cuando el primero es más difícil de obtener, ella lo cambiará por el segundo. Cuando el segundo ya no es necesario, porque las leyes han sido liberalizadas, lo cambiará por el primero. Este es el argumento presentado por el Instituto Alan Guttmatcher ² (AGI por sus siglas en inglés) y sus investigadores afiliados (Tietze 1973; Juarez et al 2005; Sedgh et al 2007b; Singh et al 2010).

El segundo argumento hace una afirmación en cierto sentido contradictoria. De acuerdo a esta narrativa, las políticas provida en realidad mitigan la incidencia del aborto. Sin embargo, sólo lo hacen reemplazando los  abortos con nacimientos no deseados. Las mujeres cambian los abortos por bebés. Como resultado, continua la historia, esos hijos no deseados o bien van a parar a la custodia estatal o eventualmente se terminan volviendo delincuentes (Levitt y Donahue 2001). De cualquier manera, la conclusión que se supone que debemos sacar es que las políticas provida estan generalmente erradas. De todos modos, ambos argumentos son profundamente incoherentes con el registro empírico y estan basados en un concepto fundamentalmente equivocado acerca de la forma principal en que las leyes sobre el aborto funcionan y operan en realidad. 

Primero, los estudios han mostrado  que mientras las restricciones legales  sobre el aborto reducen la frecuencia con la que ocurre, no necesariamente resulta en un aumento de la tasa de natalidad (Trussel et al. 1980; Matthews et al. 1997). Segundo, la afirmación de que las politicas provida simplemente llevan a un aumento de las muertes maternas al llevar a las mujeres embarazadas a buscar abortos inseguros está cuestionada directamente por el registro empírico. La tasa de mortalidad maternal (TMM) más bajas de Europa, por ejemplo, se dan en Polonia, Malta e Irlanda—todos los cuales son países que tienen políticas sobre el aborto extremadamente restrictivas³ (Mundial 2010; Hogan et al. 2010). Más aún, una plétora de análisis sistemático examinando países alrededor del mundo continuamente cuestionan la idea de que las restricciones legales respecto al aborto aumenta la TMM o las hospitalizaciones⁴.  Esto, entonces, debilita un supuesto clave en la narrativa del IAG sobre el aborto ilegal.. Tercero, es importante notar que dentro de la comunidad académica el debate es, generalmente hablando, no más sobre si las restricciones legales reducen la cantidad de abortos tanto como sobre cómo ellas hacen para lograrlo. Que las políticas provida mitigan la incidencia del aborto es un punto que ha sido ilustrado repetidamente por literalmente docenas estudios independientes sujetos a referato a lo largo de varias décadas⁵.

Ha habido, sin embargo, un cierto desacuerdo sobre el mecanismo causal exacto responsable por esta relación. Aquí nos encontramos con el principal problema con las dos perspectivas introducidas al comienzo de este ensayo. No solo son esas dos afirmaciones incoherentes con el registro empírico, sus argumentos enteros olvidan fundamentalmente los descubrimientos académicos recientes sobre cómo las leyes sobre el aborto operan realmente. Tradicionalmente, los investigadores han tendido a suponer que esas políticas funcionan para minimizar la cantidad de abortos actuando sobre la “decisión de una mujer que está embarazada de no tener el niño” posterior (Medoff 1988, p. 354). En otras palabras, se presumía que la ley afectaba el comportamiento de una mujer solo después de que ella ya había quedado embarazada, El IAG y otros partidarios del aborto legal han adoptado esta proposición ya superada.

Desde mediados de los ’90, sin embargo, la comprensión académica ha evolucionado a la luz de nueva evidencia. Un número sustancial de estudios independientes y publicados en revistas con referato académico han mostrado consistentemente que las restricciones legales sobre el aborto funcionan principalmente reduciendo la proporción en la cual los embarazos no planeados se dan en primer lugar (Kane y Staiger1996) sólo secundariamente influyendo el comportamiento de las mujeres que ya están embarazadas (Levine 2004a). En otras  palabras, ¡las políticas provida atacan tanto el síntoma como la causa! Para ser más específicos, la investigación ha mostrado que las mujeres y sus parejas generalmente son tremendamente previsoras y racionales en su comportamiento respecto a la fertilidad. No esperan hasta que un embarazo ya ha ocurrido antes de decidir si deberían tomar pasos para prevenir la paternidad. Como resultado, las políticas provida realmente ayudan a reducir la tasa de embarazos no planeados incentivando a las parejas para tomar precauciones adicionales  antes de un embarazo potencial más que esperar a conseguir un aborto después de que el embarazo ya ha ocurrido. En sentido inverso, también es cierto lo contrario. Cuando el aborto es fácilmente accesible, su misma accesibilidad reduce el incentivo para evitar quedar embarazada al ofrecer una suerte de “política de seguros”, si les pasa a ti o a tu pareja. Por ejemplo, los estudios han mostrado persistentemente que las políticas más permisivas estan conectadas causalmente con el sexo sin protección mientras que las políticas más restrictivas llevan a un aumento del uso de anticonceptivos  (Levine 2004b; Medoff 2008a, b; Felkey y Lybecker 2011, 2014, 2015). Hay alguna evidencia para indicar que restringir legalmente el aborto lleva a un cambio en el monto total de actividad sexual (Alford 2016).

Por supuesto, muchos lectores es probable que encuentren esta lógica de algún modo contraria a su intuición o incluso ofensiva, A pesar de esto, ha sido apoyada abrumadoramente por el registro empírico  (Kane y Staiger 1996; Levine et al. 1996; Levine 1999, 2002, 2003, 2004; Levine y Staiger 2004; McNabb 2007; Medoff 2008a, b; Felkey y Lybecker 2011). Esto también ayuda a explicar los desconcertantes hallazgos de estudios previos que sugirieron que las leyes sobre el aborto fueron capaces de reducir el número de abortos sin un aumento de los nacimientos (Trussel et al. 1980; Matthews et al. 1997) o dañar los indicadores de salud materna (ver nota al pie 3). Más aún, es inconsistente con los hallazgos anteriores de que la legalización del aborto está asociada con un aumento en la difusión de enfermedades de transmisión sexual en tanto que las políticas provida tienen el efecto contrario (Kick y Stratmann 2003; Klick y Neelsen 2012). Los estudios que examinan el impacto de las políticas respecto al aborto sobre el número de niños disponibles para la adopción han apoyado similarmente la hipótesis (Gennetian 1999; Bitler y Zavodny 2002; Medoff 2008b).

Como conclusión entonces, es importante entender que la interacción principal entre las políticas provida y las decisiones individuales sobre la fertilidad ocurre antes de un embarazo potencial. Hombres y mujeres son generalmente racionales, libres y previsores en cuanto tiene que ver con su vida sexual. Ellos consideran los riesgos y costos potenciales de un embarazo no querido antes de tomar decisiones sobre si tomar parte en la actividad sexual o utilizar anticonceptivos. Cuando esos costos son subvertidos por la liberalización de las leyes de aborto, esto provee una suerte de “política de seguros” que promueve la actividad sexual sin inhibiciones. Cuando esos costos son reforzados por las políticas provida, sin embargo, ocurre lo contrario. El uso de anticonceptivos aumenta y los embarazos no planeados disminuyen. Como resultado, las limitaciones legales  sobre el aborto son capaces de reducir las tasas de aborto (por cada 1000 mujeres en edad reproductiva) sin impactar realmente el número total de nacimientos. Donde las leyes provida llevan a un aumento de los nacimientos, este cambio es secundario y relativamente modesto comparado con la declinación del embarazo no planeado. Como resultado de esto, las restricciones sobre el aborto son capaces también de operar sin un riesgo concomitante de abortos inseguros. Después de todo, tú no puedes terminar ilegalmente con un embarazo que nunca ocurrió. Esto ayuda a explicar por qué no parece haber una relación positiva entre el aborto legalizado y los indicadores de mortalidad materna⁶. Los argumentos presentados al comienzo de este ensayo deben, por lo tanto, ser descartados a la luz de la nueva evidencia académica y datos empíricos. La ciencia simplemente no los apoya, Si, de todos modos, indica que las leyes provida no se ocupan solamente del aborto como un síntoma sino que atacan la causa subyacente del aborto—el embarazo no planeado—en su origen.

1. Témino habitual en los Estados Unidos que hace referencia a que antes de la legalización del aborto, los médicos recibían a las mujeres que querían abortar por la puerta trasera del consultorio (nota del traductor)
   ↩︎
2. El Instituto Alan Guttmatcher (AGI por sus siglas en inglés) es  una organización de lobby en favor del aborto legal y la división semioficial de investigación de Planned Parenthood. Su propósito declarado es promover la liberalización de las leyes de aborto a nivel mundial.
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3.  El texto fue publicado originalmente antes de la legalización del aborto en Irlanda (nota del traductor)
   ↩︎
4. Similarmente, in América del Sur y Central,  Koch et al (2014) no encuentra relacion entre el carácter restrictivo de esas políticas en México y la mortalidad materna, mientras un análisis temporal de Chile no mostró ninguna relación entre los cambios históricos en la política sobre el aborto y la mortalidad materna o las hospitalizaciones relacionadas con el aborto (Koch et al. 2012a). Análisis sistemáticos en Europa oriental y estudios que examinan el impacto de la legalización del aborto en la Ciudad de México también debilitan la narrativa del AGI (Levine y Staiger 2004; Klick y Neelsen 2012; Koch
   et al 2012b).
   ↩︎
5. Hansen 1980; Medoff 1988, 2008a,2008b; Haas-Wilson 1993; Gober 1994; New 2004, 2007, 2011a, b; Guildi 2008;Koch et al. 2012a, b, 2014…la lista sigue.  ↩︎
6. De hecho, algunas investigaciones indican lo contrario; que leyes sobre el aborto más liberales pueden conducir en realidad a un aumento en la mortalidad y morbilidad materna (Alford 2016). Aunque esos hallazgos todavía estan por ser completamente explicados, una posibilidad es que las mujeres que obtienen abortos son capaces de quedar embarazadas otra vez más rápidamente y/o tienen tendencia a retornar a los niveles anteriores de actividad sexual. Como resultado, esto lleva a un aumento en el número total de embarazos que una mujer experimenta y por lo tanto su riesgo general de experimentar complicaciones potencialmente amenazantes para su vida. Esto ayuda a explicar por qué países con políticas sobre el aborto tanto en América Latina como en Europa tienden a tener tasas de mortalidad maternal más bajas que el promedio regional (ver más arriba) y por qué la tasa de mortalidad por aborto se redujo cerca de 96% subsecuentemente a la prohibición del aborto en Chile (Koch 2013).
   ↩︎